Durante este periodo electoral, la autenticidad se ve relegada mientras el ámbito político se vale de narrativas distorsionadas. En Chile, se ha observado cómo varios postulantes y partidos —principalmente de la derecha— optan por propagar medias verdades, cifras manipuladas y mensajes alarmistas para construir una imagen conveniente para sus fines, pero peligrosa para la sociedad. Un ejemplo reciente se dio en el marco del debate sobre la nueva Constitución, cuando se difundieron rumores persistentes asegurando que la Carta permitiría la expropiación masiva de bienes privados. Este argumento, elaborado para infundir temor, fue refutado por expertos en verificación, quienes confirmaron que la propuesta resguardaba la propiedad privada y jamás incluía confiscaciones arbitrarias.
Más allá de simples errores o deslices, esta práctica se comprende como una estrategia intencionada que despliega «hechos alternativos». El uso de cuentas automatizadas –conocidas como bots– para amplificar mensajes polarizantes es un recurso que ha sido denunciado, especialmente en el contexto electoral, donde parlamentarios afines al oficialismo resaltaron el empleo sistemático de cuentas falsas por grupos ultraderechistas, con el objetivo de manipular la opinión pública.
El fenómeno no se limita únicamente al entorno de las redes sociales. En lo que va del año 2025, un medio de comunicación nacional puso en evidencia una red organizada de cuentas anónimas implicadas en lo que se ha descrito como una «guerra sucia digital»: campañas de desprestigio, montajes y desinformación enfocada en candidatas presidenciales, todos diseñados para distorsionar la percepción pública.
Cuando la mentira se erige como herramienta de campaña política, se enfrentan riesgos que trascienden lo ético y alcanzan dimensiones estructurales: se debilita la credibilidad institucional, se propaga la desinformación a gran escala y se crea un ambiente de miedo que obstaculiza el pensamiento crítico. Esta situación se refleja en la creciente polarización social, decisiones fundamentadas en bulos y prejuicios arraigados, lo que contribuye a que la democracia se vea desprovista de contenido genuino.
No obstante, aún es posible revertir esta tendencia. La defensa de la democracia, la convivencia pacífica y el respeto por la dignidad humana pasa por recuperar la importancia de la verdad, lo que implica demandar transparencia y evidencia en todo discurso. Es fundamental fomentar en cada comunidad —ya sean familias, instituciones, escuelas u organizaciones sindicales— una cultura de verificación y cuestionamiento informado. Las personas deben transformar su papel de espectadores pasivos a ciudadanos vigilantes, capaces de reconocer la diferencia entre promesas vacías y realidades comprobables, entre discursos de temor y propuestas de futuro. Solo así se podrá construir una sociedad más justa, digna y basada en la confianza, dejando atrás la creencia de que «si no viste, creyó».
Autor: Roberto Sánchez