Recientemente, el Ministerio de Hacienda sometió a consideración de la Cámara de Diputados una iniciativa destinada a fomentar la industria del hidrógeno verde. Inicialmente, el proyecto fue acogido favorablemente por los actores del sector, pero a medida que avanzaba el debate, surgieron críticas relacionadas con la propuesta de Magallanes de exigir el pago de un impuesto antes de que los proyectos entren en operación.
Marcos Kulka, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile), manifestó a Pulso la necesidad de analizar la ley en su totalidad, subrayando que se trata de disposiciones aplicables a distintas áreas y con objetivos diferenciados. Según Kulka, los incentivos orientados a estimular la demanda local han recibido respuestas positivas. No obstante, explicó que la inclusión de un apartado específico para Magallanes, y en particular el anticipo del 1% de los activos, requiere ajustes, especialmente en cuanto al momento en que se efectúa este aporte. Actualmente, se espera que, tras la aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental (RCA) y con poco tiempo de operar, las empresas realicen contribuciones que podrían alcanzar los US$160 millones o US$110 millones, según el proyecto. Lo que se plantea es posponer dicho pago hasta que los proyectos generen ingresos.
Adicionalmente, ante el hecho de que Magallanes opera con tres regímenes tributarios distintos y la propuesta legislativa pretende unificarlos, Kulka sugiere que sería oportuno ofrecer a las empresas la opción de seleccionar el sistema tributario que mejor se ajuste a su situación, considerando que en la actualidad algunos se benefician de regímenes más ventajosos.
El debate también aborda los desafíos inherentes a la industria del hidrógeno verde en la región, en la que la escasez de agua, una problemática que afecta no solo al norte y centro del país sino también a Magallanes, es determinante. Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso (Acades), enfatizó la importancia de asegurar un suministro adecuado de agua para estos proyectos. Propuso la creación de clústeres que permitan compartir plantas desaladoras multipropósito, evitando así que cada iniciativa deba invertir de manera aislada en su propia infraestructura para el tratamiento del agua.
Asimismo, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, elogió la proactividad del Gobierno en el desarrollo de proyectos, aunque destacó una desconexión entre la visión central y la de algunos funcionarios locales. Villarino resaltó que, en el ámbito de la minería y el hidrógeno verde, se requiere una resiliencia significativa y una perspectiva a largo plazo para enfrentar los ciclos de precios y las coyunturas políticas, subrayando que ambas industrias están dirigidas a realizar aportes estructurales profundos en el futuro.
Autor: Roberto Sánchez