Con profunda consternación y enfado, el Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes manifiesta su denuncia por un grave incidente que ha impactado la seguridad en el ámbito escolar. En las proximidades del Liceo Pedro Pablo Lemaitre, un alumno fue apuñalado fuera de las instalaciones, siendo sometido a intervención médica de urgencia para preservar su vida. Este lamentable suceso es reflejo del aumento de la violencia que afecta a nuestras instituciones educativas, en tanto las autoridades parecen ausentes ante esta crisis que demanda respuestas inmediatas y éticas.
Hace pocos días se emitió un comunicado en el que se señalaba el deterioro gradual del clima escolar y la creciente sensación de inseguridad que afecta a estudiantes, profesores y personal escolar. Hoy, el reclamo se intensifica, dejando de ser simples advertencias para evidenciar una crisis social y educativa en desarrollo. La comunidad docente se cuestiona hasta qué punto debe escalar esta violencia para que el gobierno actúe de manera efectiva y se reconozca el abandono de la escuela pública en materia de seguridad y calidad de vida.
El comunicado destaca que la ausencia de políticas integrales, el debilitamiento de las redes de apoyo comunitario, la excesiva carga laboral del profesorado y la falta de respaldo real a las instituciones educativas están llevando a un punto crítico en la educación pública. Se enfatiza que este deterioro no es producto de la incapacidad, sino de una preocupante indiferencia política. A pesar de los discursos acerca de inclusión y bienestar socioemocional, el Estado de Chile ha dejado a las escuelas expuestas, donde se enfrentan agresiones, amenazas y bastantes episodios de violencia sin freno.
Ante esta situación, el Colegio exige al Gobierno, al Ministerio de Educación y al Ministerio del Interior:
1. Asignar recursos de manera inmediata para implementar planes de convivencia escolar efectivos y no meramente diagnósticos participativos.
2. Garantizar apoyo psicológico continuo en todas las instituciones de enseñanza pública.
3. Asegurar medidas de protección para estudiantes, docentes y trabajadores del ámbito educativo.
4. Desarrollar políticas públicas orientadas hacia la inversión y prevención, en lugar de recurrir solo a la represión.
Desde Magallanes, se alza una voz unida en contra de la violencia, el bullying y la sensación de miedo imperante en las aulas. La comunidad educativa rechaza que se exija trabajar bajo la sombra del terror y que se silencie el sufrimiento de quienes hacen de la escuela un lugar de formación y esperanza para el futuro.
Autor: Roberto Sánchez